De acuerdo a una columna publicada en The Hill, medio reconocido en el ámbito político de Estados Unidos, la asesora jurídica principal de Human Rights Watch (HRW), María McFarland Sánchez-Moreno, planteó al gobierno de Joe Biden la posibilidad de que se retire las visas a funcionarios peruanos involucrados en corrupción y abusos para frenar el deterioro del Estado de Derecho.
Según la letrada, un “mosaico de intereses privados” han doblegado el gobierno de Dina Boluarte y están desmantelando protecciones de derechos humanos y ambientales, con consecuencias que propician la proliferación del crimen organizado.
“(…) advirtió que, si Perú continúa por el camino de la destrucción institucional, EE.UU. podría pronto ‘tener que lidiar con contrapartes aún más peligrosas e inestables’”, se lee en dicha columna. Según McFarland, el principal problema es la parlamento peruano que desde la destitución de Pedro Castillo “ha promovido una agenda favorable para actores corruptos y criminales”.
Criticó, entre otras, a la denominada “ley Soto”, la norma que da vía libre a la deforestación de la Amazonía y los ataques a la JNJ, lo cual beneficia “directamente al crimen organizado y a intereses privados que se lucran con actividades ilegales”.
También acusó a la presidenta Dina Boluarte por alinearse con el Congreso, además a otras entidades como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo que han tomado decisiones que favorecen intereses del Congreso y socavan el Estado de Derecho.
NO ES TARDE
Por otro lado, la letrada señaló que aún no es demasiado tarde para detener la infiltración del crimen organizado y evitar que el Perú siga los pasos de Venezuela o Guatemala, donde los criminales controlan “instituciones estatales, con consecuencias devastadoras para la democracia y los derechos humanos”.
