El último 27 de mayo, la Comisión de Ética de Congreso de la República aprobó el informe que recomendó amonestar y una multa de 30 días de su sueldo al congresista José Arriola (Podemos Perú) por quedarse con parte del salario de algunos de los trabajadores de su despacho legislativo.
Según el documento, la acusación no se probó fehacientemente porque se basó en declaraciones de empleados quienes al momento de dar el dinero consignaron por escrito que “entregaban aportes voluntarios” para campañas en poblaciones vulnerables, indica un informe del programa Punto Final.
PERDÍA SU TRABAJO
Ante un aparentemente “blindaje” de sus colegas, cinco de sus trabajadores decidieron denunciar en el Ministerio Público al congresista, presentando chats, constancias de transferencias y confirmando que “quien no estaba de acuerdo perdía su trabajo”, señala uno de los denunciantes.
“El ‘apoyo’ consistía en el 10% de la ingresos mensuales por remuneración y alimentos, y el 15% por bonificación que pudiéramos percibir, indicando el congresista Arriola Tueros que la entrega debía realizarse a su secretaria, Yolanda Cuya”, manifestó otro de los afectados.
