El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una resolución en la que ordena al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pronunciarse formalmente, en un plazo máximo de cinco días, sobre la solicitud del expresidente Alejandro Toledo para ser atendido en la Clínica San Pablo.
Mediante esta resolución, se declaró parcialmente fundada la demanda de habeas corpus presentada por Toledo, en la que denunció la vulneración de sus derechos de acceso a la salud y a la integridad personal.
SE VULNERÓ DERECHOS
El fallo concluye que se ha vulnerado "la salud e integridad personal" del expresidente, y que la negativa del INPE no contaba con argumentos sólidos para justificar su decisión de no permitir que Toledo reciba atención multidisciplinaria en una clínica privada, especialmente para exámenes auxiliares no disponibles, según los diagnósticos médicos presentados.
"En la actualidad, los establecimientos públicos de salud lamentablemente no se convierten en opciones alternativas en situaciones de urgencia, que brinden, además, sus servicios con el mismo grado de eficacia y rapidez que un establecimiento privado", señala en su sentencia.
