La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, y el premier, Alberto Otárola Peñaranda, presentaron el reglamento de la Ley de Ciberdefensa, aprobado a través del Decreto Supremo N.°017-2024-PCM.
Este marco normativo asigna roles y responsabilidades a las instituciones del Estado, para garantizar una respuesta coordinada y efectiva ante ataques en el espacio digital que pueden comprometer la integridad del país.
Con ello se busca proteger los activos críticos y las tareas clave que se llevan a cabo en las instalaciones de gas, el sistema interconectado de electricidad, las centrales eléctricas, las plantas de refinamiento, los servicios públicos primordiales, los sistemas de comunicación, entre otros.
“Gracias a la decisión del Gobierno, nuestro país cuenta por primera vez con un marco normativo sólido en ciberdefensa que permitirá a nuestras instituciones agotar las medidas necesarias para resguardar los intereses de nuestra nación”, indicó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Por su parte, la mandataria subrayó que, junto al compromiso de avanzar en el uso de tecnologías digitales que permitan el desarrollo y el bienestar de las personas, se impone la necesidad de garantizar la seguridad de los principales sistemas digitales del Perú para protegerlos ante cualquier amenaza.
A su turno, el secretario de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, Alain Dongo Quintana, destacó la articulación de esfuerzos de los ministerios de Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores, la PCM, las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Inteligencia y otras entidades, para lograr la aprobación de este reglamento.
La ceremonia de presentación contó con la presencia de destacados representantes de los sectores implicados en la elaboración del reglamento, así como de altas autoridades militares y civiles, lo que evidencia el amplio respaldo a esta importante iniciativa para la seguridad y soberanía nacional.
DATO
Esta reglamentación tiene como marco el eje 8 de la Política General de Gobierno: Lucha contra la corrupción, orden público y seguridad, y defensa de la soberanía nacional.
