Alberto Otárola cuestiona al Congreso por buscar la reorganización del Ministerio Público

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, rechazó los proyectos presentados en el Congreso que plantean reformar el Ministerio Público y remover a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, alegando que el Parlamento debería abocarse a discutir otros temas de suma importancia para el país, como la reforma política o la descentralización.

“En cuanto al proyecto de ley de Perú Libre, yo debo expresar una posición de gobierno muy firme. El Ministerio Público es una institución constitucionalmente autónoma, que se rige bajo los principios de su propia institucionalidad y creo que, en lugar de buscar una reorganización o intervención de este organismo, el Congreso debiera agendar temas de suma importancia para el país, como la reforma política, las normas que necesitamos para, por ejemplo, repensar el tema de la descentralización. Deberían aprobar la ley de contrataciones y adquisiciones, algo tan sencillo de hacer, e impulsar las normas que favorecen al Perú y que no lo polarizan”, señaló a la prensa durante un evento del MTC con el gobierno regional de Áncash, en Cercado de Lima.

El premier hizo un llamado para que el Poder Legislativo se focalice en promover leyes que no generen polarización.

“Son las normas que favorecen al Perú y no lo polariza. Hacemos un llamado a que el consenso prime sobre el disenso y que no se ponga en agenda pública decisiones o proyectos de ley que van a volver a polarizar a un país que lo que requiere ahora que vamos a entrar en un año de estabilidad y crecimiento económico es que los agentes políticos, la clase política en conjunto, tenga la responsabilidad para poder enfrentar los grandes retos”, añadió.

PROYECTO DE PERÚ LIBRE

El pasado 28 de febrero, la bancada de Perú Libre presentó una iniciativa de ley que plantea suspender al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y al resto de la Junta de Fiscales Supremos, en el marco de una posible declaratoria de emergencia del Ministerio Público por dos años.