El gobierno de Nayib Bukele se ha acercado al Perú, pues el ultimo miércoles el ministro de Justicia, Eduardo Arana, viajó a El Salvador luego que recibiera una invitación de la administración Bukele para intercambiar experiencias en materia de seguridad pública, respecto al modelo carcelario de dicha nación.
La estadía del funcionario peruano en dicho país será hasta el 24 de febrero e implicará un gasto de US$4.720.77 del tesoro público, por concepto de pasajes y viáticos por tres días, según resolución suprema firmada por Dina Boluarte y Alberto Otárola.
De acuerdo al documento, se trata de un “intercambio de experiencias afianzará la labor funcional” del portafolio “como parte de la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, [...] que establece la necesidad de fortalecer la seguridad integral” de las prisiones peruanas con mecanismos de control e inteligencias y con la coordinación entre el sistema penitenciario y entidades vinculadas con la gestión de justicia.
Quien estará a cargo del despacho de Justicia será Raúl Pérez Reyes, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
PLAN BUKELE
Nayib Bukele goza de gran popularidad por su controvertida metodología para luchar contra la delincuencia en su país, recientemente fue reelegido para el periodo 2024-2029 en los comicios donde obtuvo un apabullante 84.6% de respaldo electoral, según el Tribunal supremo Electoral (TSE).
La gestión Bukele puso en marcha la llamada ‘guerra contra las pandillas’, la cual se pudo llevar a cabo luego que en marzo de 2022 se suspendieran las garantías constitucionales a petición del Ejecutivo, en medio de un régimen de excepción por el incremento de mafias conocidas como ‘maras’ que habían puesto en jaque el Plan Control Territorial con el que Bukele acentuó la disminución de homicidios que se había incrementado desde 2016.
Sion embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que esta política ha caído en reiteradas violaciones y abusos de las fuerzas de seguridad en los penales, pues este régimen suspende varios derechos constitucionales, como el de contar con un abogado defensor.
