El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, se pronunció sobre los cuestionamientos por la designación de Alfredo Ferrero, quien mantiene una investigación en su contra en el caso Lava Jato, como embajador de los Estados Unidos.
"(¿Revisaron estas observaciones?) Por supuesto, lo hice personalmente. Se parte de la presunción de inocencia. Los estadios de la investigación abarcan a todos los que ocuparon los directorios de ProInversión (...) Yo le pedí un informe (a Ferrero). Evalué que tenía todas las condiciones”, respondió el Canciller a Canal N.
Al ser consultado sobre si Ferrero va a colaborar con la investigación, respondió que sí está dispuesto y que “es un hombre de derecho”, precisando que él mismo le avisó que tenía “estos asuntos pendientes, en estas condiciones”.
González-Olaechea remarcó que Alfredo Ferrero negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Singapur, además de haber sido ministro de Comercio e hizo mención de que se graduó de las universidades de Harvard y Yale.
EMBAJADOR DE COSTA RICA
El ministro también hizo declaraciones sobre los cuestionamientos que se le han hecho al ahora designado embajador de Costa Rica, Carlos Hakansson, quien en su momento sostuvo que "las víctimas no pueden sentirse perjudicadas jurídicamente por la decisión" tras el otorgamiento del indulto presidencial a Alberto Fujimori.
"El criterio era encontrar un jurista renombrado, en este caso, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Piura, que cumpliera con todos los requisitos para ser un buen embajador ante Costa Rica y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque quien es embajador en Costa Rica está acreditado ante la Corte y evidentemente nos preocupa lo que hace y deja de hacer el sistema interamericano de derechos humanos", dijo al mencionado medio, descartando que Hakansson haya adelantado opinión con la publicación sobre el pasado indulto presidencial.
Por otro lado, el titular de Relaciones Exteriores volvió a cuestionar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el informe que emitió sobre las muertes durante las protestas de 2022 y 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte.
"Cuando murieron ahogados (los militares en Puno), ¿alguien de la Comisión dijo algo? No. Y ¿ahora como canciller les ha reclamado por ello? Hubo una conversación con el secretario general de la OEA franca y, él es una persona que se va adecuando a los tiempos, y próximamente va a terminar su mandato. Y yo espero que sea el sepulturero de la credibilidad", indicó.
