La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) destinó 150.000 soles para brindar asistencia legal a Javier Velásquez Quesquén, exministro del gobierno aprista. Esta acción, respaldada por la Ley del Servicio Civil que permite la defensa de exfuncionarios bajo investigación judicial por acciones en ejercicio de sus funciones, ha desatado controversia.
El abogado designado, Juan Jose Trelles Medina, fue contratado directamente y por una cantidad que algunos consideran excesiva, planteando interrogantes sobre el proceso de selección y el monto asignado.
Actualmente, Velásquez Quesquén enfrenta una investigación en la Fiscalía por los presuntos delitos contra la administración pública, colusión agravada, vinculada al proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, durante su gestión como Presidente del Consejo de Ministros.
DENUNCIAS ARCHIVADAS
Es relevante mencionar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el archivo de la denuncia constitucional contra Velásquez Quesquén, el excontralor Edgar Alarcón y Marvin Palma en el caso ‘Los Temerarios del Crimen’. Asimismo, la denuncia constitucional en su contra fue archivada por Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, tras concluir la investigación por tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio.
