El legislador Carlos Anderson (no agrupado) presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 382 del Decreto Legislativo 635, Código Penal, a fin de endurecer las penas por el delito de concusión, ello ante los casos de recorte de sueldos por parte de funcionarios públicos en perjuicio de su personal.
El delito de concusión será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años, con inhabilitación para el ejercicio de función pública, inhabilitación definitiva para asumir cargo político alguno y 365 días multa, si quien comete el delito es presidente de la República, congresista o ministro.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dicha sanción también aplicará si el agente es viceministro de Estado, miembro de cualquier organismo constitucionalmente autónomo; magistrado; fiscal; titular de organismos públicos o entidades públicas; tanto organismos públicos ejecutores como organismos públicos especializados; organismos reguladores; etc.
En la exposición de motivos, el congresista Anderson señala que el proyecto nace a raíz de los casos en donde funcionarios habrían obligado o inducido a sus trabajadores “a dar o hacer determinada acción para obtener un beneficio” y pone como ejemplo los casos de recortes de sueldo registrados en el Poder legislativo.
