ACTUALIZACIÓN
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no acudió a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde tenía que responder algunas preguntas sobre su presunta vinculación a una organización criminal que operaría en el Ministerio Público.
El presidente del grupo de trabajo, Wilson Quispe, informó recibieron un oficio por parte del Ministerio Público. En dicho documento piden una reprogramación de la cita para la próxima semana y que se precisen los temas de interés de la citación.
"Por encargo de la señora Fiscal de la Nación, respetuosamente solicitamos se sirva a precisar y delimitar de manera concreta el asunto de interés público que será materia del informe", se lee en el documento.
NOTA ORIGINAL
La comisión de Fiscalización del Congreso citó para hoy, jueves 30 de noviembre, a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a fin de que explique su vínculo con una presunta red criminal de tráficos de influencias en el Ministerio Público, en la que también estarían comprendidos sus tres asesores de confianza, Jaime Villanueva, Abel Hurtado y Miguel Girao.
La sesión extraordinaria fue convocada por el titular del grupo de trabajo, Wilson Quispe y se efectuará en la Sala Francisco Bolognesi del Parlamento, a las 8:00 a.m.
En el documento se le pide a la fiscal de la Nación que responda por su “presunta vinculación a una organización criminal, la cual operaría en la Fiscalía de la Nación, relacionada con las diversas denuncias periodísticas sobre presuntos graves hechos de corrupción identificados como el caso: La fiscal y su cúpula de poder-Operación Valkiria”.
ACUSACIONES CONTRA BENAVIDES
Según la tesis fiscal, Benavides y sus tres asesores integrarían una organización criminal y son acusados por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, al intercambiar votos por el archivamiento de las investigaciones de diferentes congresistas.
Estos habrían influido en decisiones cruciales del Congreso como la remoción de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo y la inhabilitación de la exfiscal suprema, Zoraida Ávalos.
Tras estos hechos la JNJ decidió iniciar un procedimiento disciplinario inmediato en su contra, por la “existente evidencia suficiente” de una conducta irregular de su parte.
(Con información del diario Gestión)
