Fiscalía advierte que ley aprobada por el Congreso podría afectar la lucha contra la minería ilegal

Un grupo de fiscales, especializados en materia ambiental de Madre de Dios, solicitan al Poder Ejecutivo observar la autógrafa de ley aprobada por el pleno del Congreso el pasado 25 de mayo que afecta la lucha contra la minería ilegal. 

Esta ley, planteada inicialmente por el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), busca modificar el artículo 7 del decreto legislativo 1100 para que durante la labor de interdicción ya no se destruya la maquinaria de los campamentos ilegales, sino que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) la asigne a los gobiernos locales y regionales de la zona donde se realice el operativo.

“Atenta contra la autonomía del Ministerio Público y el carácter reservado de estas operaciones; puesto que todo mecanismo de interdicción tendría que ser comunicado y coordinado con los Gobiernos Regionales y Municipales y de no darse las condiciones tendrían que ser frustrados”,indicaron en un pronunciamiento. 

Adicionalmente, se hizo mención que quienes realizan las acciones de interdicción no cuentan con los recursos económicos y logísticos para la custodia y traslado de la maquinaria, entre otros instrumentos intervenidos en actos de minería ilegal.

“Advertimos con profunda preocupación estos hechos, pues a ellos se les suma el peligro constante que enfrentamos como operadores de la justicia frente a una actividad ilegal de gran envergadura”, acotaron en su comunicado. 

Hoy, 28 de junio, es el último día que tiene el Ejecutivo para observar dicho documento

MINISTERIOS QUE HAN OBSERVADO LA LEY 

Hasta el momento 3 ministerios han observado esta ley. El Ministerio de Interior indicó que el proyecto debería ser revaluado considerando las advertencias de la Dirección General contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional del Perú. 

El Ministerio de Justicia, a través de un informe remitido a la Comisión de Energía y Minas, se expuso que no era un proyecto viable.

“La fórmula legal pretende incorporar una regulación en beneficio de los gobiernos locales y regionales, fines que desnaturalizan los objetivos del referido decreto legislativo, el cual busca proteger el ambiente y promover la seguridad ciudadana” acotaron en el informe.

(Con información de El Comercio)