Con 100 votos a favor, el Congreso aprobó en primera votación la prohibición de comercialización y contratación de servicios móviles en la vía pública.
De igual manera, las compañías operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones tendrán una responsabilidad administrativa y civil, en caso hagan caso omiso a lo que se está planteando desde el Legislativo.
Adicionalmente, se disponen sanciones a las personas que promuevan o intenten vender los servicios de telecomunicaciones de forma ambulatoria.
El Ministerio Público, en coordinación con agentes de la PNP y Osiptel se ha autorizado la incautación, decomiso y destrucción de los SIM Card o chips encontrados. Desde la entidad de justicia, también se ha autorizado la intervención en los lugares donde se realizan esta actividad.