El contralor general, Nelson Shack, informó que, de las 990 responsabilidades administrativas identificadas por la Contraloría General por irregularidades cometidas en el proceso de Reconstrucción con Cambios (2017-2023), las entidades públicas que deben aplicar medidas disciplinarias solo sancionaron 97 casos, 187 fueron absueltos, 59 han prescrito, 120 siguen en trámite y más 500 están pendientes de sanción. Dichas responsabilidades involucran a 696 funcionarios únicos.
“Esto revela, en la práctica, que la efectividad de la sanción es muy baja. La Contraloría trabaja y hace sus informes, pero a la hora que se debe sancionar, no hay sanción por parte de las entidades públicas. Y todos sabemos que no hay lucha contra la corrupción sin una sanción ejemplar y eso está pasando en la Reconstrucción con Cambios”, expresó ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al proceso de Reconstrucción con Cambios (RCC) del Congreso
Además, informó que a la fecha se ha incrementado de 845 a 853 el número de funcionarios únicos con responsabilidades por irregularidades cometidas en el proceso de la RCC, desde el 2017.Estos funcionarios únicos pueden tener de una a más responsabilidades. El total de funcionarios únicos del gobierno nacional son 104, de gobiernos regionales 120 y 631 de gobiernos locales.
EXHORTACIÓN A AUTORIDADES POR FENÓMENO DEL NIÑO
En un momento de su presentación, el contralor general solicitó a los integrantes de la comisión especial hacer una exhortación al Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales para que presenten lo más pronto posible el listado de obras priorizadas para prevenir los posibles efectos del fenómeno de Niño que se presentará entre fines del presente año y los primeros meses del 2024, en el marco de un fenómeno del Niño global.
“Para mí es una enorme preocupación lo que va a pasar con el fenómeno del Niño que viene. La pérdida de compatriotas, de infraestructura pública y privada podría ser desastrosa. El reciente ciclón Yaku fue un simulacro en vivo y demostró la incapacidad del Estado para atender la emergencia”, manifestó.
Indicó que además de la lista de obras de prevención que se deben priorizar, es necesaria la aprobación de un marco legal que le permita al gestor público agilizar la atención que se requiera toda vez que, si con los procedimientos burocráticos actuales y normalidad hay ineficiencia, en un estado de emergencia, colapsa.
En ese sentido, puntualizó que la Contraloría General presentó el proyecto de Ley 4750 por el cual se plantea un mecanismo para que desde una acción de control se pueda inaplicar algunas normas que existen y que traban la gestión en una situación de emergencia.
