El expresidente Alejandro Toledo, investigado por presunta corrupción en los casos Interoceánica Sur tramos 2 y 3 y ‘Ecoteva’, intenta un nuevo mecanismo para suspender todo el proceso de su extradición al Perú, recurso ya aprobado por el Gobierno de los Estados Unidos.
Semanas atrás, Toledo Manrique presentó al menos dos recursos en contra de la medida. El primero de ellos fue un hábeas corpus en contra la certificación judicial -que declaraba la procedencia de su extradición- y que se mantiene vigente mediante una apelación.
Luego, extendió un recurso para que el Departamento de Estado del país -mediante una suspensión- no lo entregue a la justicia peruana. En esta oportunidad, y sin contar con su habitual abogada Jodi Linker, el exmandatario extendió un nuevo recurso para frustrar el proceso.
Se trata de un “procedimiento civil federal” que posee 59 puntos y se desarrolla en contra del Departamento de Estado y la Vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, según diario El Comercio. Esta acción se planteó ante la Corte del Distrito de Columbia.
Para este caso, Alejandro Toledo fue representado por los letrados Kelsey Quigley y David Bowker de la firma Wilmer Cutler Pickering Hale And Dorr LLP. Según refiere la defensa legal, el Departamento de Estado supuestamente violó la “Quinta Enmienda” de la Constitución estadounidense, referido al derecho de la libertad y el debido proceso.
UN NUEVO RECURSO
Los abogados también señalan que “la vida y la libertad del doctor Toledo están en juego” luego que el Departamento de Justicia de EE. UU. intentara “revocar su fianza y mantenerlo bajo custodia”.
“El Departamento de Estado ha decidido entregarlo para su extradición a Perú, donde probablemente enfrentará una prisión preventiva prolongada, posible abuso u otro trato ilegal, falta de debido proceso y un sistema judicial que carece de independencia e imparcialidad”, se señala en la demanda.
