Durante su discurso ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola Peñaranda anunció una importante inversión destinada a fortalecer la capacidad logística de la Policía Nacional, mediante la adquisición de equipamiento diverso su lucha contra la inseguridad ciudadana y el restablecimiento del orden público.
Para ello, este año se adquirirán un total de 559 vehículos, entre patrulleros y motos lineales. De igual forma, se prevé la puesta en funcionamiento de un sistema de videovigilancia en 107 comisarías, así como la adquisición de 77 lectores biométricos y otros equipos para el personal que realiza directamente el servicio de prevención de delitos, por valor total aproximado es de 167.1 millones de soles.
Por el retorno de la paz social en el sur
Ante los violentos enfrentamientos registrados en la víspera en la región Puno, que lamentablemente ocasionaron la muerte de 18 personas, entre ellas, el policía José Luis Soncco Quispe, de 29 años, el presidente del Consejo de Ministros también anunció la aprobación de un decreto que declara la inmovilización social obligatoria en Puno, del 11 al 13 de enero, a fin de salvaguardar la vida e integridad de la ciudadanía.
Otárola Peñaranda precisó que este 11 de enero, además, ha sido declarado día de duelo nacional laborable, como un homenaje a las personas fallecidas en los dos últimos meses de protestas y movilizaciones.
Articulación con el Ministerio Público en las investigaciones
Continuando con las acciones inmediatas relacionadas con el restablecimiento del orden público en el sur del país, durante la presentación del gabinete de ministros para solicitar el voto de confianza del Congreso también se informó que el Ejecutivo solicitó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, gestionar la participación de fiscales de prevención del delito durante las intervenciones policiales en manifestaciones públicas. Ello permitirá la detención en flagrancia de quienes cometan delitos contra las demás personas o la propiedad pública y privada.
“El Poder Ejecutivo responderá con firmeza a estos actos para contener y anular estas agresiones con procedimientos establecidos en la legislación vigente y dentro del pleno estado de derecho”, insistió Otárola.
