La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, explicó que la presentación de cuestión de confianza anunciada por Aníbal Torres durante esta tarde no tiene "base jurídica" y el Congreso debería negarse a admitirla.
"En esa carta se ha señalado dos cosas sobre las que yo quiero hacer hincapié. Primero, que han transcurrido siete meses desde que ellos presentaron el proyecto de ley, pero no menciona que han transcurrido nueve meses desde que el Tribunal Constitucional dijo que la ley era constitucional y por lo tanto en estricto lo que ellos plantean es una propuesta de ley para derogar una ley que ya fue declarada constitucional", explicó a 2022 en 24 Horas.
“Lo segundo que hace en esa carta es exigir, en esos términos y con ese verbo, ‘exigimos que el Congreso exonere del pase a comisiones y vaya directamente al Pleno’ y sobre ese extremo también se ha pronunciado el TC en una sentencia del 2018 párrafo 24, donde decía expresamente que por cuestiones técnicas como la cuestión de confianza no deben exonerarse el trámite de comisiones porque son temas que tienen que ver directamente con el control de poderes”, agregó”
POSIBLE CORTINA DE HUMO
En esa línea, también concordó con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga que este anuncio sería una postura política para generar una distracción en el marco de la visita de la OEA al Perú y los cuestionamientos por los comentarios misóginos del premier Aníbal Torres a la periodista Sol Carreño.
“El absurdo de un argumento jurídico falaz más la exigencia de que no haya debate en la comisión de Constitución te revela dos cosas: primero que lo que está pretendiendo el presidente del Consejo de ministros es eludir una responsabilidad que tiene por sus declaraciones machistas. Además de la llegada de la OEA”, aseveró.
Como se recuerda, el premier Torres comunicó este martes, mediante un oficio al titular del Poder Legislativo José Williams, que el Gobierno planteará una cuestión de confianza, a fin de que el Parlamento debata y vote el proyecto del Ejecutivo que busca derogar la Ley 1355, la cual regula dicho mecanismo constitucional.
