El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró improcedente el recurso de tutela de derechos presentado por el presidente de la República, Pedro Castillo, que buscaba anular la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.
“Declarar improcedente la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa técnica del señor José Pedro Castillo Castillo Terrones, interpuesta en la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en el marco de una organización criminal”, se lee en la resolución.
No pueden anular denuncia constitucional
En su resolución, el juez Juan Carlos Checkley argumentó que no está dentro de sus atribuciones declarar la nulidad o dejar sin efecto una denuncia constitucional, añadiendo que la evaluación y calificación de este tipo de denuncias le corresponden a autoridades como el Congreso de la República.
“La evaluación de las denuncias constitucionales corresponde, por atribución propia, al Congreso de la República, Así de acuerdo al artículo 89 del reglamento del Congreso, las denuncias presentadas son derivadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación, siendo dicha subcomisión el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia”, señala.
