El segundo al mando de toda la Policía Nacional del Perú (PNP) pero más que méritos tiene serios cuestionamientos. El teniente general Vicente Álvarez Moreno, que ha sido nombrado por el presidente Pedro Castillo como jefe del Estado Mayor de la Policía, fue retirado de la institución en el año 2016 por estar involucrado en el caso del denominado "escuadrón de la muerte".
Sin embargo, durante el actual gobierno de Pedro Castillo, el general Álvarez Moreno logró reincorporarse a la policía a pesar de que también es acusado de robar gasolina a su institución.
INVESTIGADO POR ROBO DE CUMBUSTIBLES EN LA DIRCOTE
En el año 2014, Vicente Álvarez Moreno estaba al mando de la Dirección contra el Terrorismo, según la teoría fiscal, el general Álvarez permitió que el área de transportes de la Dircote sea usada como un grifo clandestino, ya que vehículos privados ingresaban a la sede policial para llevarse galoneras llenas de combustible.
Por ello, la fiscal anticorrupción, Nora Córdova pidió ocho años y cuatro meses de prisión para Álvarez Moreno por el delito de peculado. El caso se encuentra en la etapa de control de acusación y próximamente empezaría la fase de juicio oral.
En cuanto al escuadrón de la muerte, la Fiscalía sostiene que el hoy número dos de la Policía Nacional, protegió a los efectivos que conformaron este equipo de aniquilamiento que realizaba ejecuciones extrajudiciales contra presuntos delincuentes.
En tanto, descubierto por una denuncia de El Comercio, el general Carlos Tuse Lloclla, director de investigaciones de la Inspectoría General de la Policía Nacional, se inhibió del caso que sigue esta unidad contra el coronel Harvey Colchado.
Esta decisión se da luego de conocerse que el general Tuse tiene un vínculo empresarial con Héctor Antonio Pasapera López, investigado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder con el que trabaja el coronel Colchado.
Por último, también se conoció que el general Tuse es cercano a Luis Pasapera Adrianzén, relacionado a la empresa Termirex S.A.C., que es parte del consorcio puente Tarata III investigado también por la Fiscalía.
