Desde que Pedro Castillo llegó a la presidencia del país, no solamente ha buscado la forma para evadir las acusaciones en su contra, sino que también a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), se ha dedicado a debilitar la labor de la Procuraduría General del Estado.
Todo empezó en diciembre del año pasado cuando la titularidad del MINJUSDH recaía sobre el ahora premier, Aníbal Torres. En aquella oportunidad el entonces ministro de Justicia dirigió toda su artillería contra el procurador Daniel Soria porque este denunció ante la Fiscalía de la Nación al jefe de Estado por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por el caso de Karelim López.
Desde ese entonces la Procuraduría General del Estado ha tenido un rol inadvertido pese a escandalosos casos como el puente Tarata, en el que se habrían presentado sobornos a cambio de un contrato de más de 232 millones de soles.
Pero fue el actual ministro de Justicia, Félix Inocente Chero quien se encargó de hacer los mayores cambios en la Procuraduría General del Estado, desde que asumió funciones. Primerio dio por concluida la designación del director de aplicación jurídica procesal, puesto clave de la institución.
Después en junio, finaliza la designación del director del centro de formación y capacitación, órgano encargado de impulsar la especialización ética y jurídica del personas de todas las procuradurías del Perú. En ambos puestos, Chero designó a personas idóneas a las funciones que debían cumplir.
¿CÓMO RECUPERAR LA AUTONOMÍA LA AUTONOMÍA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO?
Es aquí donde la Junta Nacional de Justicia podría jugar un papel importante. El rol de Felix Chero en la actual gestión por ordenes de Pedro Castillo no solo ha sido debilitar las labores de la Procuraduría sino también, ser el escudero legal de jefe de Estado.
Una actuación que quedó en evidencia en la misiva que envió Palacio de Gobierno a la Comisión de Fiscalización del Congreso.
