Política

Lunes, 11 de abril del 2022

Patricia Chirinos presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo por decretar toque de queda

En el documento, La tercera vicepresidenta del Congreso exige la inhabilitación de Castillo Terrones de toda función pública por 10 años.




La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, anunció que presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones, por el presunto delito contra la libertad y el libre tránsito de millones de peruanos al decretar la inmovilización social obligatoria para el pasado martes 5 de abril. 

Según el documento, la también congresista de Avanza País también exige la inhabilitación de Castillo Terrones de toda función pública por un plazo de 10 años, puesto que, hasta la fecha, no se ha puesto en conocimiento público las razones que motivaron a dicha medida. 

"Esta medida totalmente arbitraria, discrecional y desproporcionada se agrava con el hecho de que, hasta la fecha, no se ha hecho pública la motivación de la misma. Esto adquiere especial relevancia en esta situación, puesto que cuando el Estado pretende limitar la libertad de los ciudadanos la decisión debe estar correctamente motivada y fundamentada, es decir, brindar una explicación clara y razonable”, indica el documento al cual tuvo acceso el Diario Correo. 

Asimismo, en el documento señalan que no encuentran como válido la explicación del presidente y su Consejo de Ministros, quienes indicaron que el fundamento del Decreto Supremo 034-2022-PCM era de carácter “reservado”. 

Además, se especifica que "además de la falta de proporcionalidad y análisis constitucional que amerita la suspensión de derechos fundamentales, las alarmas de saqueos y disturbios masivos en la ciudad de Lima resultaron ser psicosociales azuzados por noticias falsas". 

Respaldo en versiones de Avelino Guillén

"El señor Guillén señala que dicha medida se quiso imponer desde Palacio de Gobierno sin ningún tipo de consideración por los posibles riesgos desproporcionados, y por sugerencia del director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre (...) que el señor Guillén mostró enfáticamente su rechazo a dicha propuesta, resaltando además la total inconstitucionalidad de la misma", indica. 

(Con información de Diario Correo) 


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