Este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó la audiencia de solicitud de medidas provisionales por los casos Barrios Altos y La Cantuta, esto, luego de que el Tribunal Constitucional emitiera un fallo que dispone la libertad del expresidente Alberto Fujimori Fujimori.
El procurador supranacional Carlos Reaño Balarezo y su adjunto Carlos Llaja Villena participaron en representación del Estado. El primero de ellos empezó manifestando que el Estado peruano reconoce el peso de las sentencias del Tribunal Constitucional, no obstante, en mayor grado, el carácter "vinculante" de las resoluciones emitidas por la Corte IDH.
"El Estado peruano reconoce que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional son de obligatorio cumplimiento para las diversas instancias jurisdiccionales; sin embargo, es importante tener en cuenta que el Estado peruano ratificó (…) que los Estados parte de la Corte Interamericana se comprometen a cumplir con las decisiones de la Corte", indicó Reaño.
"El Estado reconoce la supremacía de las decisiones, en última instancia, que el Tribunal Constitucional ejerce respecto a los demás órganos jurisdiccionales nacionales; sin embargo, dichas decisiones no pueden ser excluidas del control convencional de los órganos del sistema interamericano, con mayor razón si se buscan proteger los derechos humanos", señaló.
IMPLEMENTARÁN DECISIÓN DE LA CORTE
El procurador Carlos Reaño señaló que la mencionada postura también ha sido expresada por el presidente de la República, Pedro Castillo, a la Corte IDH. Además, recordó que el mandatario también ha mostrado su solidaridad con los familiares de los casos Barrios Altos y La Cantuta y se comprometió a cumplir con las resoluciones que emita la Corte.
"(Pedro Castillo) se compromete como presidente de la República y director de la política exterior a cumplir cabalmente con las resoluciones que la Corte pueda emitir en estos casos, como en todos aquellos casos sometidos a la jurisdicción en los que el Perú es parte", señaló.
El procurador señaló que a pesar que la resolución del Tribunal Constitucional sobre la situación del expresidente Alberto Fujimori es "definitiva", esta no puede ser excluida del control de la Corte IDH, y que el Estado peruano implementará "de la manera más pronta posible" la decisión que este organismo internacional adopte.
"El Estado peruano precisa que no se encuentra en una etapa de litigio ante la Corte Interamericana, sino en una etapa de supervisión del cumplimiento de la sentencia y en una audiencia de solicitud de medidas provisionales. La decisión del pleno de la Corte Interamericana decida será implementada por el Estado de la manera más pronta posible", destacó.
Luego de la participación de los abogados de las víctimas, los representantes del Estado Peruano e integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia se levantó. Los magistrados recordaron la resolución en la que piden al Estado abstenerse de liberar a Alberto Fujimori antes de que decidan la solicitud de medidas provisionales.