José Palomino: “No existe prueba válida que vincule al presidente con algún acto de corrupción”
Abogado del Pedro Castillo afirmó que los argumentos en que se basa la moción de vacancia contra su patrocinado son “inexactos”.
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Política
Tras el mensaje de defensa del presidente Pedro Castillo ante el pleno del Congreso, su abogado, José Félix Manchengo Palomino inició su presentación para desestimar punto por punto las acusaciones contra su patrocinado.
Palomino empezó indicando que las imputaciones con las que se pretende vacar al presidente “contienen hechos ficticios, inexactos, que pretenden ser usados como excusa para sacarlo del cargo”.
“No existe sustento probatorio que esté relacionado a la supuesta incapacidad moral”. Argumentó tampoco hay prueba directa o documento oficial, judicial o legal que acredite la responsabilidad del presidente.
Palomino afirmó que no es oportuno intentar vacar al presidente por supuestos hechos delictivos en investigación. Foto: Andina
Sobre las declaraciones de Karelim López ante la Fiscalía, comentó que “todos son mitos difundidos por los medios de prensa” que deben ser corroborados por las autoridades competentes.
También señaló que la denuncia constitucional por la supuesta comisión del delito de traición a la patria. “El presidente jamás refirió que Bolivia tenga acceso al mar por nuestra soberanía” y que “el concepto cesión de soberanía no fue utilizado por el jefe de Estado. No puede configurarse un ilícito internacional, lo que ocurre es que sus declaraciones fueron tergiversadas por CNN”.
Palomino también habló sobre la designación de Daniel Salaverry en PerúPetro. “Fue legal debido a que la ley no establece experiencia en el sector hidrocarburos”, argumentó.
Finalizando su discurso, Palomino reiteró que “no se puede vacar al presidente por incapacidad moral por una supuesta comisión de infracciones constitucionales. Resulta inoportuno solicitar la vacancia al presidente por supuestos hechos delictivos que se encuentran en investigación. Algo más, todavía: el mandato presidencial es de cinco años y debe respetarse el derecho a elegir y a ser elegido, y el ejercicio pleno de la función pública”.
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