Política

Jueves, 10 de marzo del 2022

Fiscalía abre investigación a asesores de Pedro Castillo por presunta organización criminal

La Fiscalía pidió que declaren por el caso “Gabinete en la sombra” a la extitular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez y al exsecretario de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, entre otros.




La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada abrió un proceso investigación preliminar contra los asesores del presidente Pedro Castillo y trabajadores de Palacio de Gobierno, denominados como el “Gabinete en la sombra”.

Según la información, Biberto Benerardo Castillo Leon, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía son investigados por el presunto delito de organización criminal en el interior de Palacio de Gobierno. También están los funcionarios Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco.

La indagación se da por las declaraciones de la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien se mostró muy preocupada por el entorno de asesores que tiene el presidente.

Esto también lo ratificó, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, que advirtió que muchas de las decisiones adoptadas por el presidente Pedro Castillo las hace bajo la influencia de estos asesores y funcionarios cual gabinete en la sombra.

 

Quienes declararán por este caso

Este caso preliminar se abrió por 60 días; no obstante, se aclaró que la misma se podrá ampliar por 36 meses más por considerarse por ser un suceso de presunto crimen organizado.

La Fiscalía llamó a declarar por este caso a la expresidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, al exministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles Toro, al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, al exministro del Interior, Avelino Guillén, y al exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

Igualmente, se dispuso recabar los antecedentes penales, judiciales y policiales de los investigados. Así como oficiar a la Oficina de Recursos Humanos de la Presidencia de la República del Perú para que remitan la totalidad de los legajos laborales de los investigados.


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