Se han detectado irregularidades que implicaron a funcionarios en acciones indebidas en tres obras públicas a cargo de consorcios relacionados a la asesora empresarial Karelim López, investigada junto al ex secretario presidencial Bruno Pacheco por delitos de corrupción, según informes de la Contraloría a los que accedió El Comercio.
Los tres contratos, que ascendían a S/313,1 millones, fueron otorgadas por Provías Nacional a las asociaciones empresariales Consorcio T&T Chacanto, Consorcio Vial Pro y Consorcio Vial 67, las cuales tienen como integrantes en común a la española Tableros y Puentes S.A. y a la peruana Termirex S.A.C. López asesoraba esta última.
Recordemos que en junio del 2019, la Contraloría emitió un informe sobre la construcción del puente Chacanto, que cruza el río Marañón y une las regiones Cajamarca y Amazonas, donde señala que el Consorcio T&T Chacanto había construido la estructura del falso puente con materiales distintos a los del expediente técnico.
ACCIONES INDEBIDAS
El 23 de julio del 2019, Karelim López ingresó a la sede de Provías Nacional para tratar sobre el “puente Chacanto” con Julio Palacios García, subdirector de Obras de Puentes, quien el 3 de agosto de 2021 fue designado director ejecutivo de Provías Nacional.
La asesora ingresó otras 12 veces a Provías en representación de Consorcio Vial Pro, que obtuvo un contrato que ascendía los S/115,9 millones, para una mejora en el corredor vial en Puno. Se reunió con funcionarios de Administración, Logística, Conservación y Tesorería.
En junio del 2021, la Contraloría publicó un informe sobre ese servicio y estableció cinco “situaciones adversas”, entre las cuales figuran las faltas de control de la supervisión, de fiscalización en la verificación de los recursos ofertados y de registro de la información actualizada del servicio.
López también intervino en una obra a nombre del Consorcio Vial 67. Para ello, visitó Provías el 5 de febrero del 2020 para firmar un contrato en la Subdirección de Conservación. La buena pro de este servicio para otro tramo del corredor vial de Puno “paquete 1” se entregó el 2 de agosto del 2018.
En su informe, de noviembre del 2020, la Contraloría halló cuatro situaciones adversas, tales como trabajos sin el “sustento técnico económico”, falta de aplicación de penalidades al contratista y deficiente previsión en la nivelación entre la berma y la calzada que perjudicaría a los usuarios.
