La Defensoría del Pueblo presentó al Congreso un proyecto de ley que tiene por objetivo concretar los deberes constitucionales y legales vinculado a la designación de los ministros de Estado.
La iniciativa señala que en la necesidad de garantizar el cumplimiento del principio de buena administración pública, desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y en el mismo sentido, el deber de los ministros de garantizar y proteger los derechos humados.
Se propone incorporar una disposición a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que recoja un conjunto de requisitos que deberá tomar en consideración el jefe de Estado al elegir a quienes serán sus ministros. Con ello, se explicitan los límites ya impuestos por la propia Constitución, garantizando que las personas designadas sean idóneas para el cargo.
Si bien la designación de los ministros de Estado es una facultad exclusiva del primer mandatario, la Constitución impone incumplir con el principio de buena administración pública y el deber de ser garantes de los derechos humado del conjunto de la población.
Asimismo, el proyecto indica que los titulares de los diversos ministerio deben encabezar contra la corrupción y el terrorismo, máximas expresiones de agravio a los derechos fundamentales
