La Defensoría del Pueblo saludó la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo de la República para el periodo 2021-2026, y a través de un pronunciamiento, lo instaron a retirar de su entorno a personas investigadas y condenadas por delitos de corrupción.
“El presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción”, indica el comunicado.
El titular de esta institución, Walter Gutiérrez, señaló en una entrevista que el mandatario electo de Perú Libre tiene que liderar la lucha contra la corrupción y combatir este flagelo.
"Esta no es una recomendación, es un mandato constitucional, es una obligación constitucional. Basta leer la sentencia del Tribunal Constitucional que habla sobre la necesidad de estas políticas y la necesidad que el presidente las lidere. Basta revisar los informes de la Contraloría para ver el costo que significa para la economía y las personas más vulnerables el flagelo de la corrupción", señaló en RPP.
