Mediante un comunicado, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia indicó que, por mandato constitucional, las decisiones judiciales son de cumplimiento obligatorio para toda persona, y los altos funcionarios tienen la doble responsabilidad de respetar el estado de derecho y el ordenamiento jurídico vigente.
Tras la realización de una sesión extraordinaria, indicó que el Poder Judicial es el encargado de resolver conflictos en un estado constitucional de derecho, por lo que jueces y juezas garantizan los derechos fundamentales y sus decisiones "son motivadas, bajo responsabilidad".
Señaló además que la crítica a las decisiones judiciales no puede significar en forma alguna "una falta de respeto a la investidura del juez o jueza", y que cualquier decisión judicial que pueda involucrar inconducta funcional debe ser investigada por el órgano de control correspondiente.
El Poder Judicial reafirmó su voluntad de afianzar el estado constitucional de derecho, la seguridad jurídica y la separación de poderes y exhortó a las instituciones y a la ciudadanía "al respeto de los mandatos emanados de la administración de justicia".
