En representación del Poder Ejecutivo, la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional presentó el lunes 10 de mayo una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley que elimina el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
Para la Procuraduría, la ley aprobada por insistencia en el Congreso el 4 de marzo es contraria a la Constitución, pues "vulnera las competencias del Poder Ejecutivo en materia de administración de la Hacienda Pública y gestión de recursos humanos en el sector público".
Luis Huerta Guerrero, procurador público especializado en materia constitucional, señaló que la norma se emitió al margen de la interacción entre el Congreso y el Ejecutivo para expedir las normas con impacto en la economía nacional y la implementación del régimen del servicio civil.
Añadió que el número de trabajadores CAS asciende a 286 000 personas, mientras que su incorporación a los regímenes 728 y 276 tendría un costo de S/3600 millones, no previstos en el presupuesto público.
Huerta aseguró que espera que el TC emita su pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda y remita dicho recurso al Congreso para que la conteste.
