Se confirmó lo que muchos querían ocultar: el Poder Judicial del Perú es considerado por los países más desarrollados del mundo como un instrumento usado por el poder político contra quienes critican sus actos de corrupción.
Se confirmó lo que muchos querían ocultar: el Poder Judicial del Perú es considerado por los países más desarrollados del mundo como un instrumento usado por el poder político contra quienes critican sus actos de corrupción.
Hace ocho meses, el periodista Beto Ortiz es asilado político en Estados Unidos, reconocido oficialmente como tal por ese país.
A pesar de que denunció al asesor personal presidencial César Almeyda, por manipular decisiones comerciales del gobierno y traficar influencias con procesados por corrupción, los jueces que asumieron el caso incluyeron a Ortiz no como testigo, sino como implicado.
"El gobierno de Alejandro Toledo tenía una desesperación por callar críticas que no podían controlar y por eso adoptaron medidas a lo ‘Godzilla herido’, que era dar de coletazos", refirió el reportero anoche en el programa "Día D".
Como se recuerda, Almeyda era el hombre de confianza de Toledo, por lo cual se le habría intentado apartar de los fiscales o, en todo caso, demorar el juicio por todos los medios posibles para evitar una conexión directa con el presidente en la investigación penal.
Ante este hecho, el ahora asilado político indicó que algunos medios de comunicación se prestaron para ocultar los actos de corrupción del gobierno a cambio de favores o para evitar represalias anunciadas por Fernando Olivera, el principal aliado político del toledismo y ministro de Justicia en ese entonces.
Ortiz señaló que estas amenazas públicas sirvieron para el expediente que presentó ante los organismos migratorios de Estados Unidos, a fin de obtener visa de trabajo, lo cual luego le otorgó la situación de asilado político.
"En primer lugar, las amenazas de Fernando Olivera de meterme preso, de decir que yo no era un periodista, sino un delincuente, fueron parte de un expediente que se presentó al gobierno norteamericano para demostrar de manera fehaciente que estas acusaciones del Estado eran una represalia contra un periodista que había investigado en las más altas esferas del poder", manifestó.
Actualmente en Nueva York, el periodista acusa a Toledo y sus influencias de una "campaña de demolición" en su contra, por medio de informes periodísticos de algunos medios afines al régimen para quitarle credibilidad ante la opinión pública, a fin de eliminar a un enemigo. Esto dio paso a que diversos organismos den la alerta a nivel internacional, de que Fernando Olivera era un personaje poderoso que amenazaba públicamente con juicios y cárcel a sus críticos.
Hace aproximadamente un año la ONG Human Rights Firsts apoyó a Ortiz Pajuelo hasta que en noviembre del año pasado, tras una entrevista con un consultor del gobierno de EE.UU., se le otorga asilo político indefinido, por medio de una carta del Servicio de Inmigración y Ciudadanía estadounidense. "El gobierno de George Bush considera que en el gobierno de Toledo se persigue periodistas", resaltó Ortiz.
En la carta, fechada el 9 de noviembre del 2005, el consultor Steven Levitski indica que "la mejor manera de protegerse contra un juicio en el Perú es tener amigos poderosos, particularmente en el gobierno", y que "el sistema judicial es débil y politizado, altamente vulnerable a las decisiones del gobierno y altamente corrupto". Prácticamente, una definición de dictadura que no respeta los derechos humanos.
(Fuente: La Razón)
