Aráoz pide a Palacio de Gobierno aclarar motivo de despido de su asesor

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, ha solicitado que la Subsecretaría General del Despacho Presidencial le precise los motivos por los cuales procedió a despedir al periodista Carlos Paredes, asesor de su oficina en Palacio de Gobierno, según fuentes de El Comercio.

La también congresista contó que el viernes, un día después de haber renunciado a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), Paredes fue retirado “sin justificación” de su despacho y que dos soldados que se dedicaban a funciones de asistencia fueron enviados a sus cuarteles.

“Un despido arbitrario, lo que significa no cumplir contratos y esa [también] es una señal de inseguridad jurídica”, acotó. La ex primera ministra dijo que espera que el despido de Paredes se deba a “un voluntarioso” y no a una disposición del presidente Martín Vizcarra.

Fuentes de este diario indicaron que el exasesor de prensa de Aráoz fue contratado bajo la modalidad FAG, un fondo de apoyo a la gerencia estatal que es cubierto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La mayoría de los asesores de categoría 1 de los ministros de Estado forma parte de este conjunto.

El literal 8 del contrato firmado por Paredes establece que el Estado puede cortar de manera unilateral el vínculo laboral, si es que este no ha cumplido con sus labores.

En el oficio que la vicepresidenta envió a Aguirre Pajuelo esta le informa que no solicitó la remoción del periodista. Agregó que su exconsejero “viene cumpliendo eficientemente y responsablemente con las funciones encomendadas”.

“Sus servicios profesionales resultan importantes para el desarrollo de la oficina de la Vicepresidencia de la República, no existiendo por ello causal alguna de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato”, refiere el documento.

Mercedes Aráoz pidió a la Subsecretaría General del Despacho Presidencial le detalle cuáles han sido los sustentos “de hecho y de derecho” para dar por concluido el contrato de Paredes, situación que ha sido interpretada por la congresista, según fuentes de El Comercio, como una “represalia” por haber renunciado al oficialismo.