La Contraloría General de la República, a través de un comunicado, cuestionó la sentencia del Tribunal Constitucional que imposibilita el ejercicio de su facultad de sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que incurren en inconducta funcional. El contralor Nelson Shack señaló que el fallo del TC deja sin marco legal a este órgano y esto estaría librando de responsabilidad a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos, a quienes se determinó responsabilidad administrativa y que sus casos ya se encuentran en pleno proceso sancionador por parte de la Contraloría General.
“La sentencia emitida por el TC modifica el ordenamiento jurídico afectando los esfuerzos desplegados por el Sistema Nacional de Control en la identificación y sanción a los malos funcionarios presuntamente responsables de haber incumplido sus funciones y/o afectado los intereses del Estado”, sostuvo en declaraciones a un medio local.
También recalcó que no solo se suspenderán los procedimientos en marcha y se desestabiliza el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), lo más serio, sería que las infracciones por las inconductas funcionales desaparecerán.
Con la decisión del TC, según Schack, quedarían en el aire el caso de las presuntas irregularidades cometidas por 10 funcionarios del MTC, MEF y Ositran en la etapa preoperativa del aeropuerto de Chinchero.
Caso similar es el del tramo 2 del Metro de Lima, en el que se detectó responsabilidad a 13 exfuncionarios de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, quienes habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$ 20 millones.
Cabe indicar que según el fallo del TC, solo se observarán los hechos irregulares, pero no podrán emitirse sanciones administrativas.
