La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió indagación a la Primera Sala Nacional de Apelaciones que ordenó, el pasado 19 de enero, la libertad de los procesados José Castillo, Fernando Camet y Gonzalo Ferraro, ex representantes de las empresas que estarían vinculadas en el pago de sobornos a funcionarios peruanos para obtener, junto con Odebrecht, contratos de obras públicas.
Dicha sala revocó la orden de prisión preventiva de 18 meses dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho contra Fernando Camet, ex directivo de la empresa JJ Camet; y José Castillo, de ICCGSA; asimismo anuló el arresto domiciliario dictado contra de Gonzalo Ferraro Rey, ex funcionario de Graña y Montero.
Ana María Aranda, jefa de este órgano disciplinario del Poder Judicial, dispuso para ello que un equipo contralor de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA, acuda a la Primera Sala de Apelaciones Nacional para realizar las diligencias correspondientes con el fin de recabar los elementos de juicio necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
