JNE sostiene que carece de facultades para sancionar a partidos

“El JNE no puede solicitarle a los partidos políticos mayores requisitos a los señalados en la ley, ni puede asumir facultades sancionadoras no previstas en la misma”, precisó el organismo mediante pronunciamiento público. De acuerdo a una denuncia periodística, basada en un informe del Colectivo Manos Limpias, algunos partidos políticos lograron inscribirse sin acreditar un mínimo de comités provinciales ni presentar una dirección legal real. Al respecto, el JNE precisa que 25 agrupaciones ya estaban inscritas en la Oficina de Registros de Organizaciones Políticas (OROP) cuando se aprobó la Ley de Partidos Políticos en noviembre de 2003. El pronunciamiento señala que esos grupos lograron su inscripción, luego de una verificación previa de firmas realizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Durante el proceso de adecuación de estas organizaciones y el proceso de inscripción de los nuevos partidos políticos, el JNE aseguró que ha cumplido estrictamente con lo que manda la ley y la normativa vigente. Sin embargo, el organismo electoral indicó en su pronunciamiento que no puede solicitar a los partidos mayores requisitos a los señalados en la ley, ni puede asumir facultades sancionadoras no previstas en la misma. Por ello, el JNE está llano a aceptar y a aplicar, “como lo ha hecho siempre”, cualquier modificación legislativa que el Congreso de la República apruebe en materia electoral. “(El JNE) resulta el primer interesado en dotar de transparencia, ética y probidad a los procesos electorales en el Perú, tal como lo demuestra la iniciativa de la suscripción del Pacto Ético Electoral”, señala el documento. Incluso refirió que ha enviado al Congreso una fórmula mixta de valla electoral que, al tiempo de cerrar las puertas a la dispersión y el fraccionamiento del voto congresal, no constituya el cierre de oportunidades para partidos nuevos. El organismo electoral, presidido por Enrique Mendoza Ramírez, también exhortó a los medios de comunicación y a la sociedad, a que no hagan eco de denuncias y reclamos sin sustento legal, provenientes de personas e instituciones con intereses subalternos. El pronunciamiento agrega que esas denuncias afectan la credibilidad del máximo organismo electoral y ponen en peligro la limpieza, transparencia e imparcialidad de las elecciones generales 2006. (Agencias)