El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto para sancionar a aquellas personas o grupos que negocian con las interceptaciones telefónicas, a fin de que sean penados según la importancia de la información.
Así lo informó el ministro de Justicia, Daniel Figallo, quien aseguró que esta medida “no supone ninguna intervención” respecto a lo que significa la difusión de estas interceptaciones por algunos medios de comunicación.
“Estamos proponiendo esta modificación para este tipo de delito y busca establecer una pena desde 4 años para adelante, dependiendo de la información interceptada y su gravedad”, indicó. Las penas privativas pueden elevarse hasta los 15 años.
Figallo explicó que en la actual normativa la pena iba de 1 a 3 años, pero ahora se está incrementando porque afecta la intimidad de las personas, que está protegida por la Constitución Política, señaló en entrevista con la agencia Andina.
Finalmente, el titular de Justicia dijo que este cambio proveerá “una debida protección” a cualquier persona que sea afectada por este delito.
