Largo curriculum de corrupción de García Sayán tiene que ser puesto en evidencia

Como es de conocimiento público, el martes 19 de julio la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó denunciar constitucionalmente al ex ministro de Justicia Diego García Sayán, por, entre otros, liberar a terroristas mediantes dos resoluciones ministeriales secretas. En ese contexto, hoy lunes fue entrevistado Francisco Diez Canseco, propulsor de la denuncia, por los periodistas Jorge Morelli y Fernando Viaña. A continuación, reproducimos parte de las declaraciones brindadas por el presidente del Consejo por la Paz. “No se puede negar que ha habido hechos de corrupción durante el gobierno de Fujimori. Como consecuencia de la caída de Fujimori aparece Montesinos y en fin, todo lo que estamos viviendo y es visible y notorio, y un sector de la izquierda peruana, que llega al poder primero con Paniagua y luego con Toledo, crea el llamado sistema anticorrupción, que debuta con la aparición de estos procuradores que yo llamo figurettis, que provienen de sus propias ONG’s”, dijo Francisco Diez Canseco al inicio de su intervención. “Crearon, por ejemplo, el consorcio Justicia Viva, que tiene por objeto promover la reforma del Poder Judicial, que en la práctica ha recibido millones de dólares de la cooperación internacional, y que no ha reformado absolutamente nada, porque el Poder Judicial sigue tan corrupto como antes”, expresó. SISTEMA ANTICORRUPCIÓN “Entonces, este sistema anticorrupción, que debió ser un sistema impoluto, un sistema que tenía que perseguir no sólo a la corrupción de Montesinos y del gobierno de Fujimori, sino también la corrupción que pudiera aparecer con Paniagua, Toledo o cualquier gobierno, se ha convertido en una herramienta política, que pretenden utilizar estos sectores de lo que en Europa se llama la izquierda caviar y que yo llamo en el Perú los rojos pitucos; o sea, gente que recibe mucho dinero, que vive como ‘pachás’, y que además al país no le han redituado absolutamente nada”, indicó el presidente del Consejo por la Paz. “Si se hace un somero balance del sistema anticurrupción, y hablamos de lo que ellos denominan la mafia fujimontesista, habría que decir qué han obtenido a nivel del Poder Judicial, fuera de exhibir a Matilde Pinchi Pinchi todos los días como su único testigo válido. ¿Qué clase de investigación a fondo han realizado? ¿Hasta dónde han podido hurgar real y efectivamente en lo entretelones de la corrupción que desde el SIN manejó Vladimiro Montesinos?”, cuestionó. “El Caso Fujimori todavía sigue en discusión, además. Inclusive para efectos políticos está en Japón, no lo han podido extraditar y no le han podido probar nada. Yo como una persona que ha criticado y está en contra de todo esto, me pregunto: ¿qué ha pasado con este llamado sistema anticorrupción, y cómo han funcionado estos procuradores, que encabezados por Vargas Valdivia ganaban algo así de 40 mil soles mensuales? Este sistema pues no está funcionando”. DIEGO GARCÍA SAYÁN “En el camino, uno de los cabecillas emblemáticos de este grupo, accede al Ministerio de Justicia con Paniagua, y luego a la Cancillería con Toledo, y este personaje se llama Diego García Sayán”, explicó Francisco Diez Canseco. “Él (García Sayán) llega el 23 de noviembre el año 2000 al Ministerio de Justicia, sin embrago el 15 de diciembre siendo ya ministro de Justicia y en abierta infracción del artículo 126 de la Constitución, que establece que un ministro de Estado no puede ser simultáneamente director de una empresa privada o una asociación civil, y la Comisión Andina de Juristas no es otra cosa que una asociación civil, es una ONG vulgar y silvestre al que él (García Sayán) le ha opuesto pomposamente Comisión Andina de Juristas, para intentar darle un vuelo que en la parte jurídica no tiene”, señaló. “Este señor llega al Ministerio de Justicia, se instala y el 15 de diciembre le da un poder a su socio Enrique Bernales Ballesteros para que pueda girar cheques y cosas por el estilo. Esta escritura pública se inscribe el 2 de mayo del 2001, y luego por escritura pública del 12 de enero del 2001 le da poder a un tal Amaya Nuñez, en su calidad (García Sayán) de director Ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas, para que gire cheques”. “Es más, Bernales firma documentos como abogado cuando es sociólogo, y eso es también muy grave”, agregó “Pues bien, en esas dos fechas él (García Sayán) era ya ministro de Justicia. Acá hay una infracción clarísima de orden documentario, una infracción clarísima, que es lo que ha generado, entre otras razones, de que la acusación que yo le he formulado haya sido acogida por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, dijo el presidente del Consejo por la Paz. “Pero aquí no termina la cosa, para regularizar esta situación, con fecha 11 de noviembre del 2002 hay el registro de un acta de la llamada Comisión Andina de Juristas, por la cual se ratifica la licencia dada al señor García Sayán como director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas hasta el 27 de julio del 2001, o sea hacia atrás… . O sea, estaban tratando de regularizar lo que no habían hecho”. “En resumen, García Sayán asume el cargo de ministro de Justicia con Valentín Paniagua, y luego accede al cargo de canciller con Toledo, en ambos ejercicios ministeriales y en forma paralela él siguió siendo director ejecutivo de la Comisión Andina de Noticias, lo que prohibe la Constitución del Perú, artículo 126, y que está penado con una suspensión de los derechos políticos hasta por diez años”, sostuvo. “Para mí, (García Sayán) es simplemente un personaje que ha cometido infracciones constitucionales y delitos penados por el Código Penal”. PROÉTICA “Dos, el 19 de febrero del 2002, siendo García Sayán canciller, el consorcio llamado Proética, que está integrado entre otras ONG por la Comisión Andina de Juristas, suscribe un convenio marco con el Ministerio del Interior, por el cual le dan la potestad de vigilar las adquisiciones de bienes y servicios. De este convenio marco se deriva el escandaloso caso de los uniformes, que todavía es motivo de debate y que generó que la policía se quede sin uniformes. ¿Quién vigiló esa licitación? El consorcio Proética integrado por la Comisión Andina de Juristas, de la cual en esos momentos era director ejecutivo García Sayán, cuando era canciller. Éste es un delito penado en el artículo 399 del Código Penal, con de cuatro a seis años de cárcel. Acá los delitos son tráfico de influencias y negociación incompatible”, señaló Francisco Diez Canseco. “La otra cosa que yo he pedido en la acusación constitucional, que ha sido aprobada por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales por unanimidad, es que se oficie a los ministerios, porque tenemos información en el sentido que Proética no sólo ha contratado con el Ministerio del Interior, sino aparentemente con todos los ministerios, y sólo por la licitación de los uniformes, que es una licitación fallida y escandalosa, a Proética por velar por esto le pagaron 45 mil dólares. Entonces, no es que hayan actuado altruístamente. Además, habría que investigar cuánto dinero adicional ha recibido del Estado Proética cuando García Sayán era simultáneamente canciller y director ejecutivo de una de las ONG que integraba Proética”. “¿Qué clase de moralizadores tenemos en el Perú y cómo se pude luchar contra la corrupción, con gente que son mercantilistas que tratan con el Estado y reciben dinero de la cooperación internacional a su servicio personal?”, cuestionó NUEVA MAFIA “Se crea un sistema anticorrupción de parte de estos personajes de la izquierda caviar, y simultáneamente ellos crean su propio sistema de corrupción. Aquí tenemos una nueva mafia, una mafia de corruptos amparados en la sombrilla de los derechos humanos primero, y luego de la lucha anticorrupción, y con el poder político que han tenido, han tendido toda una red de poder” explicó el presidente del Consejo por la Paz. “Acá hay una red corrupta tendida por esta izquierda caviar o de rojos pitucos, en base de a sus ONG que están financiadas por la cooperación internacional. Justicia Viva es un ejemplo de ello, por eso que ellos tienen influencia en el Poder Judicial, por eso que García Sayán se da el lujo de abrir demandas por difamación agravada a quien se atreva a meterse con él, y por eso el escudo de ellos es decir que cualquiera que los toque, a Ugaz, a él o a los demás integrantes de su propia mafia, son miembros de la mafia fujimontesinista. No hay alternativas, es una cuestión maniquea: ‘o tu estás conmigo o eres un corrupto’”. “Por supuesto que eso no pasa, porque con los millones de dólares que han tenido, con los cinco ministerios que han ejercido, con los consorcios de ONG’s financiados millonariamente por la cooperación internacional, ¿qué es lo que han logrado políticamente? Ni siquiera se logran inscribir, ni tienen un voto detrás, ése es su problema central, y no pegan porque la gente sabe con quiénes está tratando, con personajes hipócritas que viven del dinero ajeno, que no la chambean como el 99 por ciento de los peruanos, y que simplemente están tratando de lucrar y aprovecharse, y que además al país no le redituan absolutamente nada”, aseveró Francisco Diez Canseco. TERRORISTAS En torno a la acusación en contra de García Sayán por la liberación de dos senderistas mediante sendas resoluciones supremas, Francisco Diez Canseco señaló que: “lo que estamos pidiendo es que se investiguen esas dos resoluciones supremas, la 256 y la 257, que no han sido publicadas en el diario oficial El Peruano porque son secretas, y eso también es absolutamente inconstitucional, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, más aún si se trata de una conmutación de pena (…). No se sabe el trasfondo (de las resoluciones) porque son secretas, y eso es el colmo” “Estamos frente a un grupo político corrupto que tiene poder, que se ha insertado en los medios se comunicación, en los estamentos de gobierno del Estado peruano sin tener un solo voto, simplemente a través de la infiltración” OTRA INCONSTITUCIONALIDAD “Otra inconstitucionalidad es que en febrero de este año, una resolcuión de la gerencia del Banco Central de Reserva nombra a García Sayán, siendo como es, juez de la Corte Interamericana de Derchos Humanos rentado, como asesor del Banco Central de Reserva (…). Se le nombra en el marco de lo que la ley de contrataciones del Estado, seguramente modificada por este gobierno, llama servicios personalísimos con 20 mil soles mensuales. Esto, exonerado del requisito de concurso público que manda la ley de presupuesto”, indicó. “O sea hay un largo curriculum de corrupción de este sujeto, que yo creo que tiene que ser puesto en evidencia. Acá de lo que se trata es que si queremos limpiar al Perú de corrupción, tenemos que mantener un plan objetivo y decir que acá se requiere que todos nos sumemos, desde cualquier tienda, en la crítica, condena y sanción de la corrupción. Y estos casos son casos de corrupción que estos personajes que se creen intocables han cometido durante este gobierno y el de Paniagua y creo que tienen que ser sancionados”, finalizó.