Política

Jueves, 14 de junio del 2012

Congresistas rechazan actos que perjudiquen a la educación escolar

Los congresistas Carmen Omonte, Renzo Reggiardo y Humberto Lay rechazaron toda paralización que perjudique la educación de los escolares del país y lamentaron la poca vocación de diálogo.

Congresistas rechazan actos que perjudiquen a la educación escolar

Los congresistas Carmen Omonte, Renzo Reggiardo y Humberto Lay rechazaron toda paralización que perjudique la educación de los escolares del país y lamentaron la poca vocación de diálogo.




 Los congresistas Carmen Omonte, Renzo Reggiardo y Humberto Lay rechazaron toda paralización que perjudique la educación de los escolares del país y lamentaron la poca vocación de diálogo mostrada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep).

Para Carmen Omonte, vocera de Alianza Parlamentaria, el paro del Sutep le “hace el juego” a posiciones intransigentes que buscan conflictos en el país, como viene ocurriendo en Cajamarca.

“Sería muy lamentable que usen este tipo de reclamos para fines políticos, los representantes de la educación deben estar al margen de los conflictos; por eso hago una invocación a deponer cualquier actitud intransigente y enfocarse a dialogar por el bien y el desarrollo del país”, dijo.

Al respecto, Renzo Reggiardo, de la bancada de Concertación Parlamentaria, mencionó que la educación en el país no debe ser perjudicada bajo ningún concepto y pidió no politizar el tema de los reclamos en el magisterio. En tal sentido, rechazó que antes del paro no se haya realizado ningún diálogo previo.

“Me parece inaceptable que se siga politizando la educación en el país, estamos muy mortificados de ver que el Sutep paralice y que no acate las disposiciones gubernamentales de no perjudicar las clases escolares”, afirmó.

A su turno, Humberto Lay de Alianza por el Gran Cambio manifestó que no se le puede “poner zancadillas” al desarrollo del país y perjudicar la educación de los escolares peruanos.

Dijo que el reclamo del Sutep puede ser legítimo, pero se observa que hay una intención política de no establecer contacto con los funcionarios del Gobierno para buscar una solución dialogada.


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