La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDHH, pidió hoy la renuncia del primer ministro, Óscar Valdés, al ser considerado responsable político del número elevado de muertos en los conflictos sociales que se viene suscitando en el país.
Rocío Silva Santisteban, presidenta de la CNDDHH, expresó su preocupación por la actual situación de los derechos humanos en la provincia de Espinar, Cusco, que se encuentra bajo estado de emergencia, tras graves disturbios antimineros.
De otro lado, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, se mostró preocupado por la reciente resolución del poder judicial, la cual dispone que los presuntos delitos cometidos en zona de conflictos sociales como Cusco y Cajamarca puedan procesados por juzgados supra-provinciales.
El alcalde de Espinar, detenido hace unos días en su localidad, sería juzgado en la provincia de Ica, gracias a esta resolución. Ello iría contra el derecho a la defensa, ya que debería ser procesado en la zona donde supuestamente se cometieron los delitos que se le achacan, señaló Rivera.
Al burgomaestre, Óscar Mollohuanca Cruz, se le imputa diversos delitos, como participar en disturbios, secuestro, daños, coacción y atentados contra medios de transporte.
