Las unidades de flagrancia tramitaron 78 casos de extorsión, en el año 2025, y 115, en el 2026, lo que da una suma de 193 en el referido periodo, dio cuenta la Secretaría Técnica de la comisión de implementación del referido modelo impulsado por el Poder Judicial para luchar contra la criminalidad.
Este año los distritos judiciales que registran los mayores números de procesos por el referido delito son: La Libertad (34), Lima Este (33), Piura (15), Ucayali (7), Lima Norte (6), entre otros.
Mientras que el 2025 se reportaron en la Corte de la Libertad 44 casos procesados por extorsión, en Lima Este (9), Piura (9), en tanto que Ica y Lima Norte, tres cada uno y les siguen otras jurisdicciones.
El informe fue dado por el secretario técnico de la referida comisión, Edman Rodríguez Vásquez, en la reunión de coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Justicia Especializado de Flagrancia desarrollada en Palacio de Justicia.
De ese modo, negó que en estas unidades de flagrancia haya solo dos casos tramitados por ese delito, como se señaló en medios de comunicación, lo cual consideró una equivocación o una suerte de información que no está debidamente procesada.
Participaron en la referida mesa de trabajo el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Carlos Zavaleta Grández; en representación de la Fiscalía, Walter Milla López; de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, Francisco Vegas Palomino y de la Policía, Carlos Paredes Fernández.
Rodríguez Vásquez resaltó el éxito de las estas unidades que, en el 2025, registraron 33 mil 392 casos ingresados, de los que fueron resueltos 31 mil 43, lo que representa un 92.97% del total.
En tanto que, a la fecha, en el 2026, fueron tramitados 21 mil 283 bajo el modelo flagrancia delictiva y resueltos 19 mil 585, lo que significa un 92% de efectividad en la lucha contra la inseguridad.
“Es fruto del esfuerzo de un efectivo policial que ha dado cumplimiento a la ley conduciendo al detenido a la unidad de flagrancia, conforme a la disposición de un fiscal que impulsó el proceso inmediato, de la intervención de un defensor público y un juez que emitió el acto resolutivo”, dijo Rodríguez Vasquez.
DISPOSICIONES QUE PERJUDICAN
No obstante, lo avanzado, el funcionario lamentó que se han dado disposiciones en la Fiscalía que han generado una reducción en la data de las referidas unidades porque reducen la competencia de los fiscales de flagrancia o motivan a aplicar principio de oportunidad antes que proceso inmediato.
“Hemos visto incluso delitos contra funcionarios públicos, violación y otros que son de flagrancia, sin embargo, por resolución de la Fiscalía nos limitan a 19 tipos penales, lo que ha generado un impacto negativo en las unidades de flagrancia”, expresó.
Debe recalcarse al respecto que la propia presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, con ocasión por el Día del Juez y la Jueza, instó al Ministerio Público a revisar normas técnicas que han generado riesgos por reducir competencias de los delitos en el Sistema Nacional de Flagrancia Delictiva.
“Invocamos al Ministerio Público a que se haga una revisión de esas normas para la continuación del trabajo conjunto, con el respaldo que estamos teniendo en estos momentos desde la alta autoridad de nuestra Nación”, expresó en esa oportunidad.
La autoridad judicial consideró que recuperar la tranquilidad arrebatada por peligrosas bandas criminales ha sido desde el primer día de su gestión un objetivo prioritario, una de cuyas medidas fue la creación del Sistema de Flagrancia.
“Fue el Poder Judicial quien impulsó la aprobación de la Ley N.° 32348, que crea el sistema, cuyo éxito depende del concurso activo de todas las instituciones involucradas en la persecución penal para garantizar respuestas rápidas, eficaces y articuladas”, recordó.
Sostuvo, también, que los resultados alcanzados confirman que este modelo especializado es altamente funcional porque ha permitido la resolución de casos, en su gran mayoría, en plazos menores de 72 horas, lo que significa una capacidad de respuesta del 92 %.
La máxima autoridad judicial del país recordó, además, que se han dictado sentencias ejemplares de hasta 35 años en un caso de violencia sexual contra una persona menor de edad.
GUERRA CONTRA CRIMEN
Cabe resaltar que, en la reunión de coordinación interinstitucional, Zavaleta Grández subrayó la necesidad de fortalecer el sistema de flagrancia, por ello, debe dotársele de los recursos, la logística y el personal necesarios, y así el modelo pueda tener una efectividad mayor.
“Estamos en guerra contra la criminalidad y contra la inseguridad y lo que tenemos que hacer es fortalecernos como sistema a efectos de que cumpla su finalidad y que la respuesta sea pronta efectiva y contundente”, refirió.
De ese modo, respaldó los acuerdos logrados en la cita que serán aprobados luego en el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva entre ellos, solicitar a la Comisión de Justicia del Congreso la programación de una fecha para presentarse los resultados contenidos en el Informe Anual.
OTROS ACUERDOS
Asimismo, reiterar al Ministerio de Economía y Finanzas la solicitud de asignación presupuestal necesaria para la Implementación, fortalecimiento y sostenibilidad de las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional.
También, convocar con carácter de urgencia a los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas a una reunión de trabajo a efectos de conciliar la demanda de asignación presupuestal para las unidades de flagrancia, para cuyo efecto la Secretaría Técnica realizará las coordinaciones pertinentes.
Además, acordar que toda disposición relacionada con la operatividad y el funcionamiento de la flagrancia delictiva sea previamente analizada en mesa de trabajo de los representantes del Consejo Nacional de Flagrancia, sin que ello implique Interferencia en la autonomía e independencia funcional.
Se consideró, de otro lado, proponer a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Flagrancia las reformas normativas y legislativa orientadas a fortalecer el funcionamiento de las unidades de flagrancia delictiva.
Igualmente, fue postulado reafirmar el compromiso de participación de los operadores en el proceso de implementación del proyecto piloto del Sistema Integrado de Gestión Electrónica en Flagrancia (SIGEF).