La investigación por presuntos actos de corrupción en el programa de alimentación escolar Qali Warma da un nuevo giro, tras una decisión que apunta directamente al flujo del dinero involucrado.
EMPRESAS BAJO LA LUPA
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Noveno Despacho) logró el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria de dos empresas vinculadas al caso Qali Warma, en una investigación por organización criminal, cohecho, colusión y tráfico de influencias. Se trata de Frigoinca S. A. C. y Sociedad Ganadera Calipuy S. A. C., firmas que habrían tenido un rol clave en el presunto esquema de sobornos a funcionarios públicos.
Según la tesis fiscal, Frigoinca S. A. C. habría diseñado e implementado un sistema orientado a corromper a servidores del entonces Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma —hoy Wasi Mikuna—, mientras que Sociedad Ganadera Calipuy S. A. C. habría servido como vehículo financiero para encubrir los pagos ilícitos mediante conceptos simulados como “asesorías en ventas”.
SEGUIMIENTO DEL DINERO
Con el acceso a la información bancaria, la Fiscalía podrá analizar transferencias, depósitos, cheques, préstamos y otras operaciones financieras realizadas por ambas personas jurídicas. Este levantamiento permitirá reconstruir el circuito del dinero utilizado para el pago de presuntos sobornos y determinar la responsabilidad penal de los involucrados en la trama investigada.
Asimismo, la información tributaria y financiera será clave para corroborar los indicios que apuntan a operaciones económicas ficticias o simuladas, utilizadas presuntamente para ocultar el origen ilícito de los fondos y encubrir los actos de corrupción dentro del programa de alimentación escolar.
Por el caso Qali Warma, el Ministerio Público investiga a 33 personas naturales, de las cuales 19 son exfuncionarios públicos, presuntamente vinculados a la red criminal. Como parte de las diligencias, también se ha dispuesto la inmovilización de más de 29 mil 300 cajas de conservas cárnicas, que estaban destinadas al consumo de escolares de instituciones educativas públicas, en una de las aristas más sensibles del proceso.
