El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evalúa esta tarde el pedido fiscal de prisión preventiva por 18 meses contra Betssy Chávez, expremier que se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima.
La fiscal suprema Zoraida Ávalos presentó el requerimiento argumentando que Chávez no asistió al registro biométrico y tampoco concurrió a las audiencias del juicio oral en su contra por el presunto delito de rebelión y conspiración relacionado con el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checkley deberá resolver el requerimiento del Ministerio Público para que se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte una nueva orden de prisión preventiva en su contra. Chávez enfrenta este nuevo pedido tras una serie de inasistencias a los controles judiciales y audiencias de su juicio oral.
Incumplimiento de reglas de conducta
El requerimiento fiscal se sustenta en el incumplimiento reiterado de las reglas de conducta impuestas a Chávez luego de que el Tribunal Constitucional anulara una prórroga anterior de su prisión preventiva en septiembre de 2025 y ordenara su excarcelación inmediata.
La fiscal Ávalos fundamenta su pedido señalando que la acusada infringió las obligaciones de registrar su control biométrico cada 7 días, no ausentarse de Lima sin autorización y presentarse a la autoridad judicial cuando fuera requerida.
Argumento de la Fiscalía
La permanencia de la expremier en la Embajada de México en Lima, desde donde ha solicitado asilo político alegando persecución, es presentada por la Fiscalía como "un manifiesto y agravado peligro de fuga y obstaculización de la justicia". La defensa de Chávez, por su parte, justifica esta medida como una acción de protección ante lo que califica como "persecución política".
