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Hace 2 horas

Dictan 18 meses de prisión preventiva a tres implicados en ataque con explosivos en Trujillo

Imputados enfrentan cargos por los presuntos delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y tenencia ilegal de materiales peligrosos.

Foto: Andina



El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres hombres sindicados de participar en el ataque con explosivos a una vivienda de la urbanización Las Quintanas.

La medida recae sobre Fabrizzio Leyton Gutiérrez, Nilton Ravello Ramos y Everet Quintero Monasteridos, por los presuntos delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y tenencia ilegal de materiales peligrosos.

Violento atentado

El ataque ocurrió la noche del 4 de septiembre cuando se detonaron aproximadamente 30 cartuchos de dinamita frente a un inmueble de tres pisos en la calle Lizarzaburu, dejando nueve heridos, 93 personas afectadas y más de 30 viviendas dañadas, de las cuales al menos dos quedaron inhabitables.

Detención de implicados

Testigos relataron que minutos después del estallido, agentes del serenazgo y la Policía Nacional intervinieron a dos sujetos que intentaban huir del lugar. Uno de los detenidos, el ciudadano venezolano Everet Emilio Quintero Monasterios (32), confesó haber sido contratado para colocar el explosivo a cambio de 200 soles.

Posteriormente, la División de Investigación Criminal de Trujillo detuvo a Fabrizio Manuel Leyton Gutiérrez (22), alias "Pelado", señalado como el coordinador del ataque. La investigación indica que el inmueble atacado pertenecía a Maura Sánchez Iparraguirre, quien habría recibido amenazas relacionadas con su actividad minera en Pataz.

Serán recluidos en penal El Milagro

Los tres imputados serán recluidos en el penal El Milagro de Trujillo mientras continúan las pesquisas a cargo de la fiscal provincial Jennifer Ludeña Meléndez. La PNP investiga si el atentado estaría vinculado a disputas por el control de yacimientos de oro en Pataz, donde las mafias de la minería ilegal han intensificado su violencia.


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