El Poder Judicial, a través del juez supremo provisional, Edhin Campos Barranzuela, declaró fundado en parte el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país contra la expremier Betssy Chávez por un plazo de 10 meses.
La medida fue solicitada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos en el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, luego de que el Tribunal Constitucional dejara sin efecto la prisión preventiva contra Chávez.
Riesgo de fuga y participación en hechos
El magistrado consideró que existe sospecha suficiente de que la expremier habría participado en el intento de golpe de Estado antes, durante y después del mensaje a la Nación donde Pedro Castillo dispuso ilegalmente el cierre del Congreso.
El juez fundamentó el peligro de fuga en que Chávez habría intentado huir a la Embajada de México luego del fracaso del golpe, respaldado por reportes de geolocalización aunque reconociendo contradicciones en la declaración del chofer.
Pena por delito de rebelión
La resolución señala que ninguna de las medidas de comparecencia actuales impediría que Chávez "optara por salir del país sin que alguna autoridad migratoria pudiera impedirlo". El delito de rebelión contempla una posible imposición de 25 años de pena privativa de libertad, lo que justifica la medida para asegurar su permanencia en el país durante el proceso.
Alerta a Migraciones y restricciones de expremier
El juez dispuso oficiar a la Superintendencia Nacional de Migraciones para implementar el impedimento de salida, que vencerá el 11 de julio de 2026 si es confirmado en segunda instancia. Actualmente Chávez está sujeta a otras medidas restrictivas como prohibición de abandonar Lima sin autorización, control biométrico semanal y obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerida.
