El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público contra cuatro decretos legislativos y la Ley 32130, que otorgan a la Policía Nacional del Perú (PNP) la conducción de las investigaciones preliminares en materia penal.
En su fallo, al que tuvo acceso RPP Noticias, el TC sostuvo que, en la subetapa de investigación preliminar, la Policía Nacional tiene a su cargo las acciones operativas propiamente policiales, destinadas a reunir y asegurar elementos de prueba e indicios útiles para la aplicación de la ley penal, así como las acciones logísticas, técnicas y criminalísticas necesarias.
No obstante, el máximo intérprete de la Constitución precisó que los informes y precalificaciones jurídicas elaborados por la PNP no condicionan al fiscal en el marco de un caso concreto. En ese sentido, reafirmó que el Ministerio Público mantiene su rol de conducción jurídica desde el inicio, mediante la disposición de apertura de la investigación, así como con la vigilancia, orientación y supervisión de las labores policiales.
PROTOCOLOS INTERINSTITUCIONALES
La sentencia también reafirma lo establecido en el artículo 159.4 de la Constitución, que reconoce al Ministerio Público como ente conductor de la investigación del delito. Finalmente, el Tribunal exhortó a ambas instituciones —el Ministerio Público y la Policía Nacional— a elaborar protocolos de actuación interinstitucionales para implementar de forma efectiva lo dispuesto en el Código Procesal Penal y en la propia sentencia, con el objetivo de articular una estrategia permanente, eficaz y eficiente en la persecución del delito.
