La minería ilegal sigue creciendo en el país con altos niveles de impunidad y presuntos vínculos con redes de crimen organizado e internacional, según advierten representantes del Ministerio Público.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal Ana María Trillo informó que solo en los primeros meses de 2025 se han registrado 865 casos de minería ilegal, 511 de tala ilegal, 879 de tráfico de productos maderables, 477 de tráfico de fauna y flora silvestre, y 159 de deforestación.
A su vez, el fiscal superior Frank Robert Almanza Altamirano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), advirtió que el umbral de sanción de 5 años —establecido en la Ley 30077— excluye a los delitos ambientales de las investigaciones por crimen organizado, lo que limita gravemente la capacidad de persecución penal.
“La minería ilegal es una actividad altamente rentable. Si hay personas sentenciadas, las penas son bajas y hay lagunas legislativas que permiten operar con absoluta actividad”, afirmó Almanza.
Además, indicó que existen condiciones adversas para enfrentar este delito y propuso que se excluya definitivamente del proceso de formalización a los mineros informales. En esa línea, respaldó que el Ejecutivo haya excluido a 50,000 mineros con el REINFO suspendido, y solicitó que esta medida se mantenga.
El letrado también alertó que el crimen organizado vinculado a esta actividad no solo busca ganancias económicas, sino poder político, e incluso no descarta que ya haya infiltrado entidades del Estado.
Por su parte, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reveló que la minería ilegal mueve siete veces más dinero que el narcotráfico en el Perú, lo que refuerza su peligrosidad.
FALTA DE PRESUPUESTO
Finalmente, Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, denunció que la institución enfrenta una reducción presupuestal del 4% en comparación con 2024, a pesar del aumento de la criminalidad en el país. “Esto significa menos oportunidades de cumplir nuestras funciones”, concluyó.
