La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha hecho público su descontento respecto al incumplimiento de la resolución N° 231-2025-JNJ, un documento que busca rectificar una situación irregular. El texto señala que “los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia adoptamos y firmamos el acuerdo que se materializó en la Resolución n° 231-2025-JNJ, mediante el cual se dispuso la nulidad de oficio de lo actuado en el Procedimiento Disciplinario N° 001-2025-JNJ”. Esta medida, aprobada por unanimidad el 9 de junio de 2025 por los seis miembros presentes, tiene como objetivo principal reinstaurar a Patricia Benavides Vargas en su posición como fiscal suprema y de la Nación. La JNJ subraya que esta acción responde a un compromiso ético y legal con la sociedad peruana.
Contexto y fundamentos legales
El fundamento de esta resolución se apoya en un sólido marco jurídico, según el cual “en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso b) del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, el artículo 18 inciso II y el segundo párrafo del artículo 55 del Reglamento del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, la resolución fue firmada por presidente del Pleno, dado que ejecuta los acuerdos y no se trata de una decisión sobre una función constitucional de la Junta, sino de una medida de carácter estrictamente administrativo”. Este planteamiento refuerza la validez del proceso, que incluyó el análisis del recurso presentado por Patricia Benavides Vargas durante la sesión del Pleno. Además, se aclara que “la emisión de esta resolución no constituye avocamiento ilegal”, delimitando las competencias administrativas de la JNJ conforme al artículo 213 de la Constitución y el Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
Implicaciones y respuesta institucional
La falta de cumplimiento de esta resolución ha generado una alerta significativa, especialmente dirigida a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela. El pronunciamiento destaca que “el Décimo Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución de 20 de junio de 2025, declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por la señora Benavides Vargas, al considerar que había operado la sutración de la materia, conforme al artículo 1 del Código Procesal Constitucional, al haber cesado la afectación de su derecho constitucional por la nulidad de oficio declarada”. Sin embargo, Delia Espinoza ha optado por devolver la resolución en lugar de restituir a Patricia Benavides o designar a Azucena Solari Escobedo como fiscal superior, lo que la JNJ interpreta como un acto de desobediencia. La entidad insiste en que “la Nación obedece al efecto retroactivo de la nulidad del acto administrativo, conforme al artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General”.
Perspectivas y llamado a la acción
Ante esta situación, la JNJ exhorta a las autoridades a respetar los dictámenes constitucionales, advirtiendo que “a pesar de ello, la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, en abierta desobediencia del mandato de la Junta Nacional de Justicia, no ha cumplido con reponer en su cargo a la señora Patricia Benavides Vargas ni siquiera como fiscal suprema, ni a la señora Azucena Solari Escobedo como fiscal superior, optando por devolver la resolución”. Esta actitud no solo desafía la autoridad de la JNJ, sino que también pone en jaque la credibilidad del sistema judicial. La institución reafirma su rol como custodio de la justicia y pide a las partes involucradas actuar con responsabilidad, asegurando que “los acuerdos adoptados por unanimidad en la sesión del Pleno del 9 de junio de 2025” sean acatados para preservar la confianza en las instituciones democráticas del país.
