Delia Espinoza recibe respaldo unánime de la Junta de Fiscales Supremos

Durante una sesión extraordinaria celebrada el 23 de junio, la Junta de Fiscales Supremos acordó por unanimidad pedir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que se pronuncie sobre el alcance del artículo 3 de la Resolución N.º 231-2025-JNJ. Esta solicitud se realiza en el contexto de una creciente incertidumbre sobre la legitimidad del nombramiento de la actual Fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela. Según el acta oficial, “la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos da cuenta que mediante Resolución de la Junta Nacional de Justicia n.º 231-2025-JNJ de fecha 12 de junio de 2025, suscrita por la JNJ, se generaron dudas respecto al efecto del artículo 3”.

Respaldo institucional a Delia Espinoza como Fiscal de la Nación

En la misma reunión, los miembros de la Junta reafirmaron su respaldo a la titularidad de Espinoza. La fiscal suprema fue designada como presidenta de la Junta de Fiscales Supremos y titular del Ministerio Público, lo que fue ratificado durante la sesión. El acta señala expresamente que “la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela […] ratifica que se seguirá trabajando conjuntamente para fomentar la unidad del Ministerio Público”. Esta declaración refleja el consenso interno dentro del órgano de más alto nivel del Ministerio Público.

Durante la sesión también se oficializó la incorporación de Tomás Aladino Gálvez Villegas como nuevo fiscal supremo titular de la Fiscalía Suprema de Familia, designado mediante resolución de la Fiscalía de la Nación. “La secretaria de la Junta de Fiscales Supremos da cuenta que el señor Tomás Aladino Gálvez Villegas […] fue designado en el Despacho de la Fiscalía Suprema de Familia”, se lee en el documento.

Finalmente, la Junta consideró indispensable que la JNJ emita un pronunciamiento para evitar interpretaciones ambiguas que puedan afectar la institucionalidad del Ministerio Público. Según el acta, el pedido busca aclarar “el efecto del artículo 3” de la citada resolución, lo que implica una preocupación concreta sobre la estabilidad del liderazgo fiscal.