El Poder Judicial de Perú ha decidido admitir la apelación presentada por el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, contra la sentencia que los condenó a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. La resolución, emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado, traslada el caso a una Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, que tendrá la tarea de determinar si se ratifica, modifica o anula el fallo inicial. Este proceso surge tras la condena impuesta en abril de 2025, relacionada con presuntos fondos ilícitos provenientes de Venezuela y las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, utilizados en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Wilfredo Pedraza, abogado defensor de Humala, expresó optimismo sobre la posibilidad de revertir la sentencia, argumentando que el fallo de primera instancia carece de pruebas sólidas y vulnera derechos fundamentales. Según la defensa, no se ha demostrado de manera concluyente que los fondos señalados fueran de origen ilícito. Además, se cuestionó la ejecución inmediata de la condena, considerando que los acusados han colaborado plenamente con la justicia y asistido a todas las audiencias. La apelación también incluye a otros implicados, como Ilan Heredia, hermano de Nadine, quien busca su absolución tras recibir una pena de 12 años.
Un proceso bajo escrutinio
La Sala de Apelaciones Nacional evaluará minuciosamente el expediente, revisando los fundamentos de la sentencia y las pruebas presentadas por la Fiscalía de la Nación. Entre los puntos clave está la acusación de que más de cinco millones de soles de origen ilícito fueron incorporados a las campañas del Partido Nacionalista Peruano. La defensa sostiene que hubo errores procesales, como la falta de notificación previa de la sentencia íntegra, lo que llevó a una resolución favorable de un hábeas corpus presentado por Ilan Heredia. Este aspecto refuerza el argumento de irregularidades en el proceso.
El caso, que ha generado gran atención mediática, no tiene un plazo definido para la resolución en segunda instancia, ya que dependerá de la carga procesal del tribunal. Mientras tanto, la defensa insiste en que la ejecución de la pena debería suspenderse hasta que se emita un fallo definitivo. La decisión de la Sala de Apelaciones podría sentar un precedente importante no solo para Humala y Heredia, sino también para otros casos relacionados con financiamiento electoral en Perú.
