La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ha rechazado la petición del equipo especial de fiscales que buscaba adelantar la fecha de inicio del juicio oral en el caso de corrupción de funcionarios que involucra a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Según la resolución N.º 02, emitida el 27 de mayo de 2025, los magistrados consideraron que tal acción podría interpretarse como una lenidad que afecte el interés público. "Al respecto, corresponde señalar que, en cuanto a la fecha programada para la audiencia de juicio oral, se ha considerado un plazo prudencial de cuatro meses, teniendo en cuenta, entre otros, la notificación al domicilio real de los veintitrés acusados", indica el documento judicial.
Complejidad del proceso y notificaciones internacionales
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional justificó su decisión argumentando la complejidad del proceso y las dificultades logísticas asociadas a las notificaciones internacionales. Dado que algunos acusados residen en el extranjero, como en México y Brasil, se requiere asistencia judicial internacional, lo que implica plazos adicionales. "Dicha tramitación ha requerido plazos de entre cinco a seis meses, para su cumplimiento; por lo que, la fecha programada en el presente caso, se encuentra dentro de los parámetros de un plazo razonable", se detalla en la resolución, destacando la necesidad de coordinar estas gestiones con autoridades extranjeras.
En el escrito, el tribunal también abordó la solicitud de ampliación de plazos presentada por el Ministerio Público, que pidió más tiempo para organizar la documentación del caso. Se aprobó una extensión de quince días hábiles para la remisión de pruebas documentales, lo que permitirá al equipo fiscal completar el expediente. "Otórguese al Ministerio Público, la ampliación por el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, para la remisión de los medios probatorios documentales admitidos en el Auto de Enjuiciamiento", resuelve el juzgado, priorizando un proceso meticuloso sobre una aceleración innecesaria.
Finalmente, la resolución deja claro que no se aceptará la reprogramación de la fecha inicialmente establecida para el juicio oral. Esto afecta directamente a Villarán y a otros implicados, como los exfuncionarios de su gestión, quienes deberán esperar el curso natural del proceso. "No ha lugar a lo solicitado y estése a la fecha programada en el auto de citación a juicio oral", concluye el documento, reafirmando la postura del tribunal de mantener los plazos establecidos a pesar de las presiones del equipo fiscal.
