El Ministerio Público, a través de su Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha solicitado formalmente al Congreso de la República que reevalúe la decisión de cerrar la investigación contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra. Según el comunicado emitido este 27 de mayo de 2025, la Fiscalía busca que se “reconsidere la decisión de archivar la Denuncia Constitucional n.° 492-2021-2026”, presentada contra la mandataria por el presunto delito de “cohecho pasivo impropio (caso Rolex), en agravio del Estado”. Este pedido se fundamenta en la necesidad de garantizar una investigación exhaustiva sobre las acusaciones que pesan contra la jefa de Estado.
La solicitud de la Fiscalía subraya la gravedad de los cargos, señalando que existen “graves vicios procesales incurridos en su trámite y, como consecuencia de ello, se solicita la nulidad de todo lo actuado en sede parlamentaria”. Además, se pide “diferir el procedimiento parlamentario hasta que cese la inmunidad presidencial”, con el objetivo de asegurar un proceso justo y transparente. Este planteamiento refleja la preocupación del Ministerio Público por posibles irregularidades que habrían influido en el archivamiento inicial de la denuncia contra Boluarte.
Un llamado a la transparencia y al respeto constitucional
El Ministerio Público también enfatizó su compromiso con los principios democráticos, indicando que actúa “en defensa del orden constitucional” y exige que “todo procedimiento, incluso en sede parlamentaria, se ajuste estrictamente a los principios fundamentales que rigen el Estado constitucional y democrático de Derecho”. Esta postura busca reafirmar la importancia de la legalidad en el manejo de casos que involucran a altas autoridades del Estado, como es el caso de la Dina Boluarte.
La acción de la Fiscalía de la Nación se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de Boluarte, especialmente tras las acusaciones que la vinculan con el delito de cohecho pasivo impropio. Con este nuevo pedido al Congreso, el Ministerio Público espera que se reabra el caso y se permita una investigación más profunda para esclarecer los hechos, en un esfuerzo por “garantizar una actuación parlamentaria ajustada a Derecho”, según lo expresado en el comunicado oficial.
