El reciente informe de la Contraloría General de la República, que exoneró a la presidenta Dina Boluarte de cualquier desbalance patrimonial, ha generado polémica. A pesar de que el Ministerio Público había observado inconsistencias en sus cuentas bancarias, el documento de la Contraloría validó sus ingresos. Sin embargo, una investigación reveló que la funcionaria que firmó el informe, Vanessa Walde Ortega, se encuentra fuera del país desde el 14 de enero de 2025, pese a lo cual sigue cobrando su salario completo.
VÍNCULOS CON EL EXJUEZ CÉSAR HINOSTROZA
Walde Ortega, subgerente de Fiscalización de la Contraloría, es hija del exjuez supremo Vicente Walde Jaúregui, quien habría tenido vínculos con César Hinostroza, el exmagistrado prófugo por corrupción en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La investigación de Cuarto Poder reveló que, tras el nombramiento de César Aguilar Surichaqui como contralor, se realizaron cambios en la institución que removieron a funcionarios con más experiencia y favorecieron a nuevos fiscalizadores con contratos temporales.
A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó cuentas bancarias no declaradas de Boluarte, la Contraloría determinó que no hay indicios de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que hay un incremento patrimonial de S/58,699.97 sin justificación clara, por lo que mantiene abierta su investigación.
¿CONFLICTO DE INTERÉS EN LA CONTRALORÍA?
Otro punto controversial es que Vanessa Walde habría vivido en una propiedad vinculada al narcotraficante Roger Poémape Chávez, asesinado en enero de 2023. Según La República, esta vivienda había sido alquilada por el exjuez Walde y figuraba a nombre de familiares de Poémape.
Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación sigue preparando nuevas acusaciones constitucionales contra Boluarte, mientras sus defensores piden que los informes de la Contraloría tengan mayor peso que los de los peritos del Ministerio Público. La controversia sigue creciendo, al igual que las dudas sobre la transparencia de la fiscalización del patrimonio de la mandataria.
